mayo 13, 2025
El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) plantea importantes interrogantes para los sistemas jurídicos contemporáneos, especialmente en el ámbito del Derecho Penal. En Iberoamérica, donde coexisten tradiciones jurídicas diversas pero con raíces comunes en el civil law, los desafíos en torno a la imputación de responsabilidad penal frente a conductas mediadas por IA se vuelven cada vez más apremiantes.
Uno de los principales dilemas jurídicos radica en la atribución de responsabilidad cuando un sistema de IA actúa de manera autónoma y genera resultados dañosos o ilícitos. ¿Debe responder el programador, el usuario, el fabricante, o acaso estamos frente a un vacío normativo que requiere nuevas categorías dogmáticas? La falta de intención (dolo) y de capacidad de acción en la IA, elementos centrales para la responsabilidad penal tradicional, pone en tensión las bases mismas del sistema penal iberoamericano.
Algunos países han comenzado a explorar respuestas normativas o doctrinales. Propuestas como la responsabilidad penal del “dueño funcional del algoritmo”, la creación de figuras de “riesgo permitido tecnológico”, o incluso la incorporación de modelos de imputación objetiva ampliada, buscan adaptar el marco penal sin alterar sus principios fundamentales. Sin embargo, estas soluciones siguen siendo parciales y generan debate en torno a la legitimidad del ius puniendi en este nuevo contexto.
Además, surge un desafío transversal: evitar que la falta de regulación específica se convierta en impunidad, sin caer en una criminalización excesiva basada en temores tecnológicos. El principio de legalidad penal exige claridad, previsibilidad y límites definidos, lo que entra en conflicto con la naturaleza cambiante y evolutiva de la tecnología.
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